Las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla y León han celebrado esta mañana en la Feria Salamaq una jornada profesional bajo el título El campo ante la nueva PAC: menos presupuesto, más incertidumbre, en la que se han desgranado las principales problemáticas a las que se enfrentan las explotaciones profesionales de Castilla y León ante la nueva Política Agraria Común (PAC).
Aurelio González, secretario general de UPA CyL, ha señalado que ante la nueva propuesta que hay sobre la mesa, lo más preocupante son los “fondos”. Para González, los fondos son los que hay que defender ahora, “que haya una partida presupuestaria exclusiva para la PAC, no lo que se propone porque nos meterían a competir con otros sectores por esos fondos”. Así, el objetivo de las organizaciones agrarias es que “se rechace esta PAC, para que haya una PAC con un presupuesto como mínimo el que tenemos ahora”, y a partir de ahí ver los posicionamientos de los políticos, tanto de comunidades autónomas como partidos como el Parlamento Europeo, que tiene que hacer una resolución ahora, a ver qué es lo que proponen. Y, sobre todo, “defender” algo en lo que todas las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) coinciden, que sea “una PAC con un presupuesto propio”, que es “muy necesaria, cada vez más, por las políticas de precios que tenemos, para que sea potente, contundente y haya más fondos para mantener las obligaciones de los agricultores profesionales”.
Por su parte, Donaciano Dujo, presidente de Asaja de Castilla y León, antes de pasar a hablar de la PAC, ha dado la enhorabuena a todos los expositores que están en Salamaq 2025 y les ha felicitado “por su excelencia”; a la vez que ha agradecido a la Diputación de Salamanca y a su presidente “que siga organizando de manera tan brillante esta feria”. Dicho esto y en referencia a la propuesta de la PAC la ha considerado como “inasumible” porque “ hay una rebaja del presupuesto del 22%, porque desmantela la estructura de la política tal como la entendemos, con un pilar PAC y otro pilar del Programa de Desarrollo Rural; porque no hace una política europea y, por lo tanto, hace una regionalización, y los países ricos, sus agricultores, van a tener mejores condiciones que las de los países con menos riqueza; porque, además, en todo el texto de la PAC en ningún caso se protege ni a los agricultores profesionales ni la valorización de la calidad de nuestros productos, ni la rentabilidad de las explotaciones. Y, sin embargo, Europa está haciendo acuerdos comerciales con aquellas potencias que introducen productos agrícolas que no se pueden producir aquí, pero sí que permiten consumir”.
Por eso, desde Asaja se ha mostrado un rechazo frontal a la PAC, a los acuerdos comerciales que se están haciendo y a los aranceles que se están imponiendo desde potencias como Estados Unidos o como China. “Europa está descuidando su sector productivo, nos está vendiendo por otros sectores y, por mal camino a buen pueblo no se puede ir. Es lamentable que a quien das de comer desprotejas en favor de países terceros”, ha recalcado Dujo.
Lorenzo Rivera, coordinador de COAG Castilla y León, por su parte, también ha mostrado el “rechazo absoluto” desde su organización agraria a la propuesta que se ha hecho de la nueva PAC, que empezaría después de 2027, no sólo por la falta de presupuesto (se recorta un 22% pero en “euros corrientes sería el 37% teniendo en cuenta el IPC”, por lo que se está perdiendo un poder adquisitivo enorme hasta 2034, que es cuando termine la nueva PAC) sino también porque “desaparecen todos los programas, 500 programas que hay europeos en torno a la Política Agraria Común y, de repente, aparecen 27, porque se le da a cada país miembro una potestad para, con unos objetivos, cumplirlos, y con ese cheque o ese fondo que se le da cumplir los objetivos que tienen”.
Por otro lado, ha indicado que “mejorar la calidad del suelo, mejorar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático es algo que hacemos día a día los agricultores y los ganaderos. Luego, sobre esa base, nosotros no somos responsables de que el cambio climático esté como está, sino que somos, dentro de las empresas que trabajan, la de mínimas exposiciones, si es que estamos expuestos, a los gases de efecto invernadero”. Además, ha indicado, son los agricultores y ganaderos los que realizan una “producción de alimentos sanos con unas calidades enormes dentro de la globalización del mundo y no podemos aceptar, que también es importante, ni los acuerdos como Mercosur, ni el acuerdo que se ha firmado de aranceles con Donald Trump, ni tampoco la penalización que se le ha hecho a Rusia, en base a que nos están subiendo el precio de los fertilizantes, año tras año, por el bloqueo que hay comercial”.
En este sentido, ha hablado de la propuesta que se ha conocido por parte de China de unos aranceles a la carne de porcino de toda la Unión Europea de hasta el 62% y “a nosotros parece que nos perdonan la vida dejándonos un 20%”. No hay que olvidar que la exportación de carne de porcino es muy importante en España, porque más del 50% de la producción porcina que hay se exporta a países terceros, dentro de la Unión Europea también, pero también a China y “quedan excluidos sólo los jamones y los lomos. Prácticamente toda la carne congelada o fresca queda dentro, y también las vísceras, de ese 20% que ha impuesto China ahora”. Dentro de este escenario, ha añadido Rivera, hay que tener en cuenta que “Europa no está unida, no responde a las necesidades políticas, económicas, sociales y medioambientales que hay ahora mismo en el mundo, es verdad que está muy revuelto, que tenemos dos guerras, pero hay que ser crítico, como se ha sido con Putin, pero también hay que ser crítico con Israel”; y, sin embargo,”no hay un acuerdo entre todos los países europeos para decidir sobre esa guerra que se hace, y sobre ese país que está cometiendo un genocidio, y luego es importante que en estos países democráticos se denuncie esas excepciones”.
Ante toda esta situación, las organizaciones agrarias se han unido para conseguir que la PAC sea mucho más beneficiosa para España y han presentado un documento de unidad en Castilla y León de las cuatro organizaciones, junto con la Consejería y con el resto de los grupos políticos que están representados en las Cortes, y se ha enviado una carta conjunta al Ministerio contra la propuesta de la PAC, porque “esta propuesta no es válida, y sobre todo es muy lesiva para Castilla y León, que es la más perjudicada”.
Durante el encuentro de esta mañana, las organizaciones han aprovechado para anunciar movilizaciones a partir de octubre, sobre todo por el tema de los cereales, que están a unos precios ridículos, perdiendo y no cubriendo los costes de producción. “Llevamos ya tres años, y esto ya se convierte en algo estructural, y debemos de corregirlo y actuar. Sobre todo pedir al ministro y al Gobierno que aplique la cláusula de salvaguardia para que aquí no entre tanto cereal del extranjero, de otros países terceros, que están distorsionando este mercado, hasta el punto de que se está cogiendo más cereal en los puertos que el que se nos compra a los agricultores. Eso es una distorsión del mercado, estamos en unos precios de hace 40 años y esto es imposible, inviable y pueden desaparecer muchas explotaciones de cereales en Castilla y León, que son fundamentales”, ha concluido Lorenzo Rivera.
Acabadas todas las intervenciones se ha dado paso a un coloquio, en el que los asistentes han puesto de manifiesto sus preocupaciones en torno a la nueva PAC, cómo quedará, el tema de los derechos y también los incendios. En esta cuestión se ha preguntado cómo se han provocado, qué daños se pueden producir y, sobre todo, cómo prevenir los incendios; además de hacer alusión al rifirrafe político generado por quién tenía que actuar, si debían ser de nivel 2 o de nivel 3 para que actuara el Gobierno central acompañando a los servicios de incendios de Castilla y León.
Desde las organizaciones agrarias se ha contestado que Castilla y León es una comunidad con más del 55% de masa forestal y monte, es la más grande de España, y que en esas circunstancias ninguna Comunidad estaría preparada económicamente ni tampoco con medios para actuar ante incendios de la sexta generación en las condiciones climáticas que había. Además, Lorenzo Rivera ha propuesto que el anuncio de pasar de nivel 2 a nivel 3 no sea una decisión política sino que sea una decisión técnica y que, por ejemplo, lo mismo que se exige “la regla del 30” para hacer trabajos en el campo en verano y en épocas de mucho calor (con más de 30 grados, con menos de 30 de humedad y más de 30 de velocidad del viento de kilómetros por hora no se pueden hacer faenas en el campo sino vas con unos determinados vehículos para prevenir incendio si se produce), y sobre todo, a las horas centrales del día, no cosechar y no hacer trabajos de empacadora porque tampoco las compañías de seguros, si surge un incendio, pagan el siniestro. Pues “todo esto se puede hacer también, técnicamente, para que pasar de nivel 2 a nivel 3 sea algo automático, añadiendo algunas cosas, y no sea una decisión política y haya un rifirrafe político entre una administración u otra… porque al final el que paga al pato son los que se le queman las viviendas, los medios, los bienes…”.